Se reúnen autoridades indígenas, rumbo a la asamblea regional del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara

Local 11 de Septiembre de 2024

En el marco de la reunión previa a la última Asamblea Regional del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, se abordaron los alcances y pendientes de este Plan; por lo que en Guachochi, Chihuahua, se dieron cita autoridades tradicionales que se han sumado a este proceso de soluciones planteadas a las distintas dependencias del Gobierno de México, por parte de las propias comunidades indígenas. 

En el Salón del Consejo Municipal de Desarrollo Sustetable, estuvieron presentes los liderazgos del Plan de Justicia, con Luis González Rivas, Silíame (Gobernador Ralámuli) de Mogótavo en Urique; María Rafaela Ramírez Frías, gobernadora de Mesa de Guitayvo en Urique y Hortencia Palma Palma Walú Silíame de Guachochi, quienes dieron la bienvenida a las autoridades tradicionales indígenas presentes y conminaron a seguir con fuerza, formando parte del Plan de Justicia en busca de más y mejores soluciones a las distintas problemáticas aquí planteadas. 

También estuvieron presentes, el coordinador de los Planes de Justicia, Gustavo Sánchez Benítez, la coordinadora del Plan de la Sierra Tarahumara, Dra. Bertha Dimas Huacuz, la coordinadora del PAEI, Amelia Negrete González, el Coordinador de FEIMA, Antonio Fragoso, Aidé Rodríguez Salauz, encargada de medicina tradicional y el titular de la oficina de representación del INPI en Chihuahua, Nicolás Víctor Martínez Juárez.

Asimismo, la responsable del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, agradeció el interés continuo de las presentaciones comunitarias, durante los años de inicio de esta estrategia de atención y justicia integral para las comunidades; además de hacer hincapié en que el motivo de esta última reunión de la presente administración federal, es con la intención de recapitular lo alcanzado y dar continuidad, de la mano con las autoridades tradicionales, que empoderadas con la información, podrán encarar una nueva etapa en dicho Plan. 

En su intervención el titular de la Oficina de Representación del INPI en Chihuahua, aseguró que el camino de los Planes de Justicia no se termina, sino que continúa; esa fue la postura de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien relevará en breve al Lic. Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República. 

Por su parte, Gustavo Sánchez Benítez, coordinador de los Planes de Justicia, realizó un resumen de lo que se ha logrado en el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, en beneficio de los pueblos indígenas Ralámuli, Ódami, Oichkama (Pima) y Warijó. 

Al respecto, comentó que lo que se abordará principalmente, son los puntos en los que se debe de insistir a las representaciones de las instancias del gobierno que acuden a la asamblea regional, en un formato ágil y fructífero; para generar así el cierre de un ciclo en una estrategia no del gobierno, sino de las propias comunidades, donde es importante que sus representaciones tengan la información a la mano, para continuar con el diálogo y las soluciones en proceso, a fin de amainar y atender las injusticias que por siglos se han padecido. 

En cuanto al tema de la restitución de tierras y territorios por vía de terrenos nacionales, se determinó la viabilidad jurídica del proyecto de declaratoria de tierras nacionales en la localidad de Mala Noche, en Guadalupe y Calvo; donde se está a la espera de la publicación de la Declaratoria de Tierras Nacionales. Ello mientras que en Guasachique, Balleza, la Dirección de Terrenos Nacionales emitió el Dictamen Técnico Definitivo en el que se descartan posibles sobreposiciones con los núcleos agrarios colindantes, por un total de mil 662 hectáreas; quedando pendiente la restitución de la propiedad a favor de la comunidad indígena. Por otro lado, la Subsecretaría de Ordenamiento a la Propiedad Rural firmó el proyecto de declaratoria sobre el predio del Rancho las Agujas, donde se asientan las comunidades de Mesa Colorada, el Tepozán y Cordón de la Cruz, en el Municipio de Guadalupe y Calvo. En este tema existen varios pendientes, tales como la elaboración de un dictamen técnico para los trabajos de medición y deslinde en Alto de las Garrochas, por parte de SEDATU; también se está a la espera de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el aviso de deslinde sobre la comunidad de Bawinocachi en Bajío Largo; además de que SEDATU desahogue los procesos de inconformidad interpuestos al procedimiento de Declaratoria por presuntos pequeños propietarios, presentados en las comunidades de Arroyo del Pajarito y Barrancas de Sinforosa. 

El Programa de Atención de Conflictos Sociales, COSOMER, avanzó en la solución de problemáticas de la comunidad de Bosques de San Elías Repechíke, en el que se firma el convenio finiquito entre el propietario del predio denominado “Aguizaina” y la comisión negociadora designada y ratificada por la propia comunidad; para que le sea entregada en concepto de propiedad colectiva de una superficie de 693 hectáreas, donde se está a la espera de protocolizar ante notario dicho proceso. Asimismo, en Mogótavo de Urique, tras los trabajos técnicos de avalúo por parte de INDAABIN en diciembre de 2023, se ha efectuado la primera reunión de acercamiento con los ostentadores de títulos de propiedad privada, sobre el territorio indígena. 

En cuanto a la regularización de Derechos Agrarios, destaca que para el 20 de agosto de 2024, se llevó a cabo una reunión con el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 5, con la finalidad de concretar acuerdos relativos a la presentación de demandas de jurisdicción voluntaria, así como lo relativo a la itinerancia del tribunal. Aparte de ello, en cuanto a los pendientes, resalta lo concerniente a presentar las demandas de jurisdicción voluntaria ante el tribunal unitario del Distrito 5 de Chihuahua y gestionar las itinerancias correspondientes; además de integrar nuevos expedientes para la regularización de derechos agrarios ante la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.

Al respeto de Justicia Ambiental y Proyectos productivos, se posiciona el tema de la calidad del agua y el abasto del agua potable, donde el trabajo con la SEMARNAT y el IMTA, en coordinación con el INPI, infirió la instalación cuatro garrafoneras en Cuiteco y Huitosachi de Urique; Turuachi en Guadalupe y Calvo, así como Basaseachi en Ocampo. Así también, se instalaron ocho sistemas de captación de agua de lluvia con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Para una segunda etapa, con inversión de 2.6 millones de pesos, se continuará con proyectos para dotar emergentemente de agua potable, con 16 sistemas de captación en Agua Zarca de Guachochi, La Gloria en Balleza, San Ignacio de Arareko en Bocoyna, Choguita en Bocoyna, Corarayvo en Guazapares, la Cruz en Guadalupe y Calvo; además demás de la instalación de mayor número de garrafoneras. Otros avances se dan por parte de SADER, con la entrega de fertilizantes, maíces criollos, combate a plagas y adquisición de implementos agrícolas en localidades de Mesa de Arturo y Ciénega de Porochi en Urique, con una inversión de 1.1 millones de pesos. Ello mientras que CONAZA, realizó acciones del programa estratégico de nopal de doble propósito en 12 comunidades indígenas de Guazapares, Batopilas, Urique y Moris.

En los temas relativos a la inversión realizada por el programa Sembrando Vida, desde 2020, se han beneficiado a 290 comunidades con más de 100 mil apoyos, con más de 990 millones de pesos invertidos; mientras que desde el 2022 a la fecha se han invertido 591.8 millones de pesos.

Por parte del INPI, en 2023, implementaron proyectos ambientales con la temática de conservación y restauración de suelos y buen manejo del agua, por medio del componente de fortalecimiento de las economías indígenas y medio ambiente del PROBIPI, por 8.1 millones de pesos. Asimismo en el primer trimestre de 2024 se apoyaron 14 proyectos para mitigación del cambio climático, 6 acciones de comercialización y 3 proyectos económicos con impacto comunitario y regional, con un presupuesto aprobado por 7.9 millones de pesos.

Dentro de los acuerdos y pendientes a presentar, destaca por parte de SEMARNAT la realización de una mesa técnica del sector ambiental, a fin de definir el manejo integral de las cuencas. La CONAFOR Chihuahua, revisará solicitudes para el programa de compensación ambiental, sobre todo en las comunidades de Huitosachi, Mesa de Guitayvo y Nacásorachi, entre otras comunidades interesadas. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, reactivará oficinas móviles en Batopilas, Uruachi, Balleza y Guazapares. SADER, solicitó a beneficiarios de fertilizantes, para conocer fechas de entrega en las comunidades. SEGALMEX, definirá la operatividad del programa de abasto rural en comunidades faltantes, tales como Masaguiachi, Gavilanes, Oribo, Coloradas de la Virgen, Pacayvo, Munérachi, Rincón del Pleito, Los Laureles, San José Jabaira y San Antonio. 

En cuanto a los temas de salud y medicina tradicional, destaca el avance en recursos por parte del INPI por orden de los 3 millones de pesos, para espacios de atención o casas de salud, lo cual responde al acceso a los servicios en la materia, ante el compromiso institucional con el programa “La Clínica es Nuestra”, que no ha avanzado al mismo ritmo en todas las comunidades. Se han realizado y programado más talleres de pertinencia cultural a personal de salud, así como capacitación en torno al plato del buen comer, aparte de pláticas para la prevención de adicciones, depresión y ansiedad. Por otra parte, destaca la gestión para la producción de huertos familiares, apoyos alimentarios en las casas de la niñez a cargo de los Servicios de Salud de Chihuahua, UNICEF y el PAEI. Está en proceso la instalación de la red interinstitucional de atención de emergencias obstétricas; ello mientras que el INPI, durante 2022 y 2023, ha apoyado 11 proyectos de medicina tradicional. 

En lo relativo a los avances en materia de Infraestructura Indígena, son quince las comunidades del municipio de Balleza, 12 del municipio de Batopilas y 15 del municipio de Guachochi, las que han demandado a la Comisión Federal de Electricidad, la atención en el suministro de electrificación, mismas que en algunos de los casos señalan que sí se han atendido, pero por el temporal de lluvias, las fallas se hacen constantemente presentes; por lo que solicitó dar puntual seguimiento a esas solicitudes que deberán ser constantes, sobre todo debido a que se van sumando mayor número de necesidades en esta materia. Asimismo, la CONAGUA informa para la siguiente semana, las instancias que pueden ejecutar proyectos e inversión, correspondientes a 2023 y 2024; además de generar un trato directo con la dependencia y no sólo con el Estado y los municipios, por medio de sus Juntas de Agua y Saneamiento. También, se realizó una reunión entre el INPI, CONAGUA y la JCAS, para presentar en el marco de esta reunión una propuesta para integrar un plan completo de atención, aplicable al 2025, toda vez que ya fue entregada la base de datos y de necesidades por parte del INPI. Acerca de la infraestructura carretera, se entregó una lista de 14 caminos artesanales prioritarios, ya compartidos con la SICT, donde falta la elaboración del anteproyecto para su inicio, a partir de la administración entrante. Un avance, es el expediente que infieren los primeros 10 km en beneficio de la comunidad de Huaweyvo, Urique. En 2022, se beneficiaron comunidades de 5 municipios, con una inversión de 250 millones de pesos, sin que hasta el momento la SICT, haya presentado el desglose de dicha inversión.

Finalmente, se destacó el resumen de inversión general:

Para la implementación del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, se han invertido 22.5 mdp.

Para justicia ambiental y proyectos productivos, se han invertido 900.6 mdp.

Para Salud y Medicina Tradicional, se han invertido 3 mdp.

Para Educación indígena, se han invertido 907.7 mdp.

Para Cultura, lengua e identidad; se han invertido 4.5 mdp.

Y para ara Infraestructura y servicios básicos, se han invertido 202.8 mdp.

Dando así un total de 2041.1 mdp. Invertidos del 2022 al primer trimestre del presente 2024.

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