Chihuahua punta de lanza en defensoría dentro de su organismo electoral

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En esta ocasión, hablamos con Perla Bueno Torres, defensora de derechos políticos-electorales del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua, en torno al novedoso aporte hacia las mal llamadas minorías sociales desde un área que tiene como tarea principal, la construcción de una realidad más inclusiva para los pueblos originarios, mujeres, de diversidad sexual, juventudes, adultos mayores, capacidades diferentes, entre otros sectores de atención prioritaria.


Al respecto, reconoció que esta parte de la población han sido víctimas de una discriminación histórica y articulada; sin embargo, es la sociedad indígena, en este México pluricultural, lo que más duele al tejido social. Pese a ello, estos sectores discriminados, cada vez se observan más interesados en formar parte activa en la toma de decisiones que competen a todos y todas, desde la concepción del derecho que tienen de ser representados y poder representar. 


En Chihuahua, recordó, incluso se han implementado acciones afirmativas para la denominada representación político-electoral de los pueblos y comunidades indígenas, desde los propios partidos o institutos políticos; donde considera que todo camina hacia el hecho de que pueda construirse una realidad para apuntalar su elección desde los usos y costumbres, junto a las condiciones para asegurar candidaturas independientes en donde el tema económico, que evidentemente dista mucho de ser equitativo, no sea un impedimento para asegurar sus espacios de representación política.


De igual manera se van construyendo, por ejemplo, condiciones para incluir la representación política dentro de la diversidad sexual y otros grupos en situación de desventaja, tal y como se han logrado ya en el caso de la paridad de género, a favor de la mujer chihuahuense.


Recordó que históricamente, los institutos políticos habían colocado bajo total libertad la representación que en su tiempo convinieron, pero es ahora que ante la lentitud con la que las legislaciones se actualizan, se impulsan mientras acciones afirmativas o cuotas que visibilicen y coloquen en los puestos de decisión a sectores desfavorecidos. 


Sin embargo, esa falta de legislación ha permitido que los partidos políticos simulen ese acceso a la representación, sólo para cumplir con las cuotas impuestas por los organismos electorales.  


Orgullosamente, dijo, Chihuahua ha sido pionero tanto en la creación de estas acciones afirmativas, como en la creación de la propia defensoría que fue creada en una primera instancia para velar por los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, pero ha caminado hacia la defensa de otros sectores de la población poco o nulamente representados. 


El Estado ha sido pionero en este tema, pero además, ha sido un ejemplo para otras entidades, en torno a la creación de organismos encargados de la defensa de los derechos. Son cinco defensorías las existentes en todo el país, cuatro de ellas pertenecientes a órganos jurisdiccionales o tribunales electorales de entidades federativas como Baja California y Sinaloa, mientras que Chihuahua, es el único en donde surge desde un Organismo administrativo como el Instituto Estatal Electoral.

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