Sienta Gobierno Federal las bases para reivindicar a nuestras culturas originarias: delegado

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En el marco de los trabajos del “Plan de Justicia del Pueblo Ralámuli”, el delegado de los Programas para el Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, informó que el Gobierno Federal tiene una inversión de mil 828 millones de pesos en la región de Guachochi, y otros 782 millones en la región de Urique para apoyar a 35 mil productores del campo con programas como “Sembrando Vida” y Producción para el Bienestar. 


 


Loera de la Rosa dijo que además se crearon las universidades públicas en San Rafael y en Guadalupe y Calvo, muestra de que se han sentado las bases para reivindicar a nuestras culturas originarias que le dan luz y vida a nuestra cultura chihuahuense. 


 


En el evento participaron 66 autoridades indígenas y federales encabezados por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González., quien hizo un llamado a la justicia ambiental para atender problemas como la tala ilegal, y la depredación de los bosques en la Sierra Tarahumara.


 


El delegado habló durante la mesa de trabajo: Justicia Territorial, Agraria y Ambiental, donde se comprometió a dar seguimiento a los compromisos que hizo la titular de Semarnat.


 


Albores González, quien también anteriormente fungió como secretaria de Bienestar, propuso al delegado que desde las Mesas de Seguridad se trabaje para integrar a los organismos de seguridad como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como autoridades estatales y municipales para combatir este problema que por más de 20 años ha estado descuidado.


 


La titular de Semarnat indicó que ya se trabaja con esquemas similares en Tlaxcala, Puebla y Campeche, en donde se inaugurará el primer centro de control de la Guardia Nacional capacitada para combatir la tala ilegal y evitar que se pierda más selva.


 


Un esquema similar, indicó, puede trabajarse en Chihuahua, pero se requiere de la colaboración de los gobiernos estatales, municipales y locales para que funcione.


 


Por su parte, Adolfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), agradeció la presencia de los representantes de las diversas etnias y lamentó la muerte de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, y Joaquín César Mora Salazar, asesinados en Cerocahui en el municipio de Urique. 

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